Circular 1/2021, de 8 de abril, sobre las plazos  de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

 1. Cuestiones preliminares. 2. Los plazos de la investigación judicial del art. 324 2.1 Nueva regulación legal. 2.2 El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y los plazos regulados par el art. 324 LECrim. 2.3 Ámbito objetivo de aplicación. 3. Presupuestos para la prórroga de la investigación judicial. 4. Delimitación de las facultades del órgano instructor y las partes en relación con la prórroga de la investigación judicial. 5. Cómputo de los plazos. 5.1 Determinación del dies a quo. 5.2 Dies ad quern de la investigación judicial. ó. lnterrupción del cómputo. 7. Los efectos del transcurso de los plazos de la investigación judicial. 7.1 Prórroga extemporánea de la fase de investigación judicial. 7.2 Régimen jurídico de las diligencias practicadas extemporáneamente. 7.2.1 Diligencias acordadas con anterioridad al agotamiento del plazo. 7.2.2 Régimen de las diligencias acordadas y practicadas extemporáneamente. 8. La declaración en calidad de investigado/a tras la expiración de las plazos del art. 324 LECrim. 9. La petición de diligencias complementarias tras la conclusión de la fase de instrucción. 10. La actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal ante procedimientos provisionalmente sobreseídos.11. Actividad extraprocesal y plazos procesales de la investigación 12. Régimen transitorio aplicable a las causas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.Clausula derogatoria. 14. Conclusiones.

  1. Cuestiones preliminares

 Transcurridos cinco años desde la instauración de un sistema de plazos  de instrucción en virtud de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, puede concluirse que el balance de esta medida legislativa ha resultado abiertamente insatisfactorio. De tal afirmación dan fe los diversos intentos de derogación y/o reforma promovidos par buena parte del área parlamentario, así coma las apreciaciones y criticas provenientes de la más cualificada doctrina académica, asociaciones profesionales de fiscales y jueces y la propia Fiscalía General del Estado1 2.

1 Memoria 201ó : https://www .fiscal.es/memorias / memoria201ó/FIS CALIA S ITE/index .html

2 Memoria -2019 : https:// ww w .fiscal. es/memor ias/memo ria2019/FISCALIA S ITE/index .html

La práctica forense, el transcurso del tiempo y los datos estadísticos vinieron a confirmar lo que una mera lectura del art. 324 LECrim en la redacción ofrecida por la Ley 41/2015, de 5 de octubre permitía inferir desde un primer momento, esto es, que la implantación de un sistema de plazos  en los términos previstos por el legislador de 2015 dificultaba las posibilidades de investigación criminal y que, lejos de proporcionar mayor celeridad a la justicia penal, incrementaba la carga burocrática de una infradotada Fiscalía, al tiempo que transmitía, en palabras de la Memoria de la FGE de 2019 (ejercicio 2018), «una apariencia de impunidad en ciertos asuntos que ha contribuido a una merma de la imagen institucional del Ministerio Fiscal» y de todo el servicio público de la justicia.

La aplicación por nuestros tribunales del nuevo sistema de plazos  evidenció que las dilaciones  del procedimiento penal que el legislador pretendía acotar con la reforma obedecían mayoritariamente, además de a una secular escasez de medias materiales y humanos en la Administración de justicia, a una legislación procesal disonante con los modelos de Derecho comparado de nuestro entorno cultural más cercano y que se ha revelado escasamente eficaz y eficiente para combatir la criminalidad, en particular, las nuevas y más complejas modalidades delictivas.

Parece de justicia subrayar aquí que el efectivo cumplimiento del sistema de plazos  instaurado en 2015 resultó posible gracias al extraordinario y ejemplar esfuerzo desarrollado por los y las fiscales, pues en ellos descansó en buena parte el control de las causas en tramitación, sin desmerecer en ningún caso el trabajo realizado por otros operadores jurídicos.

El legislador de 2020 ha optado por una nueva redacción de la norma, introducida en virtud de la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su preámbulo reconoce que

«establecer sin más un límite máxima a la duración de la instrucción se ha evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos», pero al tiempo considera que «debe articularse un sistema que cohoneste la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de delensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable».

Resulta obligado, por ello, actualizar los criterios que deberán regir la actuación de las/os Sras./es. Fiscales con arreglo al nuevo sistema de plazos introducido por la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

  1. Los plazos de la investigación judicial del 324 LECrim

 2.1 Nueva regulación legal

 La redacción ofrecida al art. 324 LECrim por la Ley 2/2020, de 27 de julio, ha simplificado notablemente el sistema de plazos de la fase de investigación judicial, al establecer un (mico plazo de doce meses para la instrucción de las causas penales, prorrogable por sucesivos e ilimitados periodos de hasta seis meses de duración, sin otro limite que el necesario para lograr la consecución de los fines atribuidos por el art. 299 LECrim a la fase sumarial.

El legislador de 2020 ha dado al art. 324 LECrim el siguiente tenor:

  1. La investigación judicial se desarrollara en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la

Si, con anterioridad a la finalización de la plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, todas las partes podrán acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Las prórrogas se adoptaran mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así coma las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación. En su caso, la denegación de la prórroga también se acordara mediante resolución motivada.

  1. Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prórrogas serán válidas, aunque se reciban tras la expiración del
  2. Si, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha
  3. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictara auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda.

 La reforma no se ha limitado a introducir una mera ampliación del plazo ordinario de la fase de investigación judicial, sino que ha supuesto una profunda modificación del sistema, cuyas principales novedades son las siguientes:

  1. La supresión de la delimitación conceptual entre causas sencillas y
  2. La sustitución de un límite temporal máximo para la fase de instrucción por la configuración de un control periódico sobre la concurrencia de los presupuestos materiales necesarios para la prosecución de la investigación
  • La posibilidad de que el/la juez/a pueda declarar de oficio la prórroga de su investigación.
  1. La facultad de acordar sucesivas prórrogas de la investigación judicial por un periodo máximo de seis meses cada una de
  2. La previsión de que todas las partes, no solo el Ministerio Fiscal, puedan instar la prórroga de la investigación
  3. La supresión de supuestos de interrupción de los plazos de instrucción.
  • La omisión de referencia o limitación alguna acerca de la posibilidad de practicar diligencias
  • La eliminación de un régimen específico de impugnación de las resoluciones por las que se declare o deniegue la prórroga de la investigación.

2.2 El derecho a un proceso sin dilaciones  indebidas y los plazos regulados por el art. 324 LECrim

 El legislador no ha ofrecido una delinición normativa del derecho a un proceso sin dilaciones  indebidas que permita delimitar con una mínima precisión su contenido. De ahí que, sin perjuicio de su configuración como derecho fundamental y como garantía procesal a través del que tutelar la duración de las actuaciones procesales, la referencia a un proceso sin dilaciones  indebidas aparezca, ante todo, como un concepto jurídico indeterminado. En este sentido, resulta ilustrativa la STC 103/201ó, de ó de junio (FJ 5°), cuando afirma:

(.. .) este derecho es una expresión constitucional que encierra un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto concreto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si esta puede considerarse justificada, porque no toda infracción de /os plazos  procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración de/ derecho fundamental que estamos comentando (par todas, STC 5412014, de 10 de abril, FJ 4), sin que, por otra parte, el derecho fundamental referido pueda identificarse con un derecho al riguroso cumplimiento de los plazos procesales, configurándose a partir de la dimensión temporal de todo proceso y su razonabilidad (STC 14212020, de 21 de diciembre, FJ 3).

 Por ello, nuestros tribunales, hacienda suya la doctrina del TEO en relación con el art. ó.1 CEDH, han convenido en la necesidad de que el enjuiciamiento acerca de la posible vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones

Indebidas se realice con arreglo a determinados parámetros: la complejidad del proceso, la actitud procesal del investigado, la diligencia del órgano judicial y la duración normal u ordinaria de otros litigios similares. Resulta de particular interés al respecto la STS 29/2021, de 20 de enero (FJ 1°), cuando dispone:

(...) el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones  indebidas, que no es identificable con el derecho procesa/ al cumplimiento de las plazos  establecidos en las leyes, impone a las órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que /es sean sometidas, y también ejecutar Jo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere

para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar

en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado par su complejidad o par otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Duran de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martin de Vargas C. España, y las que en el/as se citan).

 Puede concluirse, por tanto, que el derecho a un proceso sin dilaciones  indebidas proclamado por el art. 24.2 CE -al igual que el derecho a un proceso en plazo razonable consagrado en el art. ó CEDH- se identifican en realidad con el derecho que asiste a las partes a que la tramitación del procedimiento se desarrolle por el órgano judicial de modo diligente y ágil, evitando en todo memento la práctica de actuaciones inútiles. De ahí que, como señalan las SSTEDH de 2 de febrero de 200ó (rec. núm. 41211/1998) y de 20 de mayo de 2014 (rec. núm. 73593/2010), «la razonabilidad de la duración del procedimiento deba evaluarse de acuerdo con las circunstancias del caso y teniendo en cuenta los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal, en particular la complejidad del caso, la conducta del solicitante y de las autoridades competentes».

Por consiguiente, no resulta posible delimitar el contenido del derecho a un proceso sin dilaciones  indebidas con arreglo a criterios absolutos, debiendo huirse de apriorismos que vinculen su posible vulneración con la infracción de plazos  procesales predeterminados conforme a criterios abstractos que impidan singularizar las concretas circunstancias concurrentes en la tramitación de cada procedimiento.

Razones de orden formal y naturaleza constitucional impiden afirmar que el art.324 LECrim desarrolle el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones  indebidas, pues debe recordarse que el sistema de plazos  fue instaurado con arreglo a la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, cuya redacción resultó ulteriormente modificada por la Ley 2/2020, de 27 de julio; en ambos casos leyes ordinarias y, por consiguiente, inidóneas -en principio- al objeto de desarrollar derecho fundamental alguno con arreglo a lo preceptuado por el art. 81.1 CE. Si considerásemos que el art. 324 LECrim conlleva una afectación directa al núcleo del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones  indebidas, no habrá sido posible su introducción mediante ley ordinaria con arreglo al art. 53 CE. En este sentido, la STC 53/2002, de 27 de febrero (FJ 12°), dispone:

Precisando aún más esta doctrina, en la STC 29212000, de 30 de noviembre, FJ 11, analizamos con detenimiento cuando la imposición de /imites a un derecho fundamental cae en la reserva de Ley orgánica (art. 81.1 CE) y cuando se puede considerar una regulación del ejercicio del derecho (art. 53.1 CE) no reservado a aquella forma legal. Dijimos entonces que /os Iímites legales o bien pueden ser restricciones directas del derecho fundamental mismo, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo o /ugar de ejercicio del derecho fundamental. En el primer caso, regular esos Límites es una forma de desarrol/o del derecho fundamental. En el segundo, los Límites que se fijan lo son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que compone el contenido de/ derecho fundamental en cuestión, constituyendo una manera de regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53. 1 CE.

La jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos diferencia entre proceso sin dilaciones y proceso sin dilaciones  indebidas, así como entre proceso en plazo y proceso en plazo razonable. La fijación de un plazo máximo para la investigación judicial no contribuye necesariamente a determinar cuándo una dilación debe ser reputada indebida o un plazo calificado como irrazonable.

Ciertamente, el legislador se halla facultado para fijar plazos máximos para el ejercicio de las actuaciones procesales. Sin embargo, ello no permite entender que las actuaciones desarrolladas en plazo se muestren respetuosas con el derecho al proceso sin dilaciones  indebidas. Claro ejemplo de cuanto se afirma resulta de la circunstancia de que en caso de derogarse el sistema de plazos del art. 324 LECrim, en nada afectaría a la calificación como debidas o indebidas de las dilaciones  que pudieran producirse durante la fase de investigación judicial. De ello se infiere que el art. 324 LECrim aparece como un criterio orientativo, pues la apreciación de una dilación como indebida no resulta del mero transcurso de los plazos procesales, sino de las razones que subyacen a la duración misma del procedimiento y, mas en concrete, a la falta de diligencia en su tramitación. En este sentido, resulta oportuno citar el ATS 151/2020, de 30 de enero (FJ 2°), cuando dispone:

(...) la respuesta dada es conforme con la jurisprudencia de esta Sala, que a propósito del nuevo articu/o 324 LECrim ha declarado en la STS 45512017, de 21 de junio -con cita en la STS 40012017, de 1 de junio- que este puede servir como pauta interpretativa a la hora de determinar cuando una di!ación del procedimiento es extraordinaria, pero ello es siempre re/ativo teniendo en cuenta los distintos factores que convergen, lo que exige un cuidadoso analisis de /os distintos casos. Ademas, la dilación debe ser indebida, con independencia del tiempo transcurrido entre uno y otro tramite y las circunstancias de cada uno de aquel/os. Por e/lo la mera relación de /os periodos de paralización no es suficiente si no se explica el porque de cada uno.

La irregularidad concretada en omitir una resolución para ampliar el plazo de instrucción no aboca a la atenuante del art. 21.óa GP. Si el plazo global de duración del proceso no sobrepasa lo razonable, de ninguna manera puede hablarse de dilaciones indebidas en el sentido exigido por el art. 21.óa GP (STS 3ó812018, de 18 deju/io).

 De notable interes sabre esta cuestión resulta, asimismo, la reciente STS óó/2021, de 28 de enero (FJ 2°), al senalar:

Como este tribunal ha mantenido de forma reiterada, el simple incumplimiento de /os plazos  procesales no justifica la so/ución atenuatoria propugnada [circunstancia atenuante de dilaciones  indebidas] -vid. SSTS 70312018, de 14 de enero; 70512020, de 17 de diciembre-.

El transcurso del tiempo en el proceso penal por incumplimientos de plazos  procesa/es puede comportar diferentes consecuencias que, en atención al contexto en el que la disfunción temporal se produce, no pasan de forma necesaria por la atenuación de la responsabilidad (…).

Transcurso del tiempo que, tambien, desde luego, puede fundar la atenuación de la responsabilidad penal declarada. Pero para ello, debe identificarse, primero, el caracter indebido y extraordinario del tiempo transcurrido y, segundo, una tasa significativa de aflictividad para la persona afectada que supere la que puede esperarse del propio desarrollo de todo proceso en el que esta en juego la libertad personal.

Es precisamente dicho plus aflictivo por el excesivo transcurso del tiempo, al comportar una suerte de pena natural, el que justifica su compensación mediante la atenuación específica.

 Una respuesta judicial tardla puede llegar a frustrar las legltimas expectativas y pretensiones de quien como ofendido o perjudicado por el delito recabe el auxilio de la Administración de justicia, convirtiendose, a su vez, en una suerte de retribución anticipada para el sujeto sometido a investigación, fruto del caracter aflictivo inherente a la propia condición de sujeto pasivo del procedimiento. De ahi que se haya postulado la oportunidad de limitar los plazos de la fase de instrucción a fin de eludir el riesgo de someter sine die a la persona investigada a un proceso penal, fijando a tal efecto plazos que en abstracto se reputen óptimos para desarrollar la investigación criminal en un tiempo razonable y sin perjuicio de la posibilidad de admitir excepciones ante supuestos de particular complejidad que justifiquen la ampliación de su duración.

Sin embargo, el art. 324 LECrim no establece un sistema idóneo para conjurar plenamente las penalidades asociadas a la condición procesal de la persona investigada, pues en nuestro sistema las consecuencias asociadas a aquella condición pueden resultar previas a la atribución de la misma por el órgano judicial.

Asi las cosas, al margen de la investigación que la Policia Judicial pueda desarrollar con anterioridad a la incoación del proceso penal, nuestro sistema procesal atribuye al Ministerio Fiscal la facultad de practicar diligencias de investigación de naturaleza preprocesal (arts. 5 EOMF y 773 LECrim) en el curse de las cuales podra atribuir el estatus de investigado/a a cualquier persona, lo que sin duda puede tener trascendencia en el piano personal y el orden social para el sujeto sometido a investigación. Diligencias de investigación que, con arreglo a lo preceptuado por el art. 5 EOMF, podran desarrollarse durante plazos de seis meses -doce meses en el supuesto de los delitos previstos en el art. 19.4 EOMF-, susceptibles de sucesivas e ilimitadas prórrogas por identico periodo.

El hecho de que el art. 324 LECrim no tome en consideración los lapses temporales durante los que la persona investigada se haya visto sometida a la investigación de la Fiscalia o la Policia Judicial revela la autentica naturaleza de aquellos plazos. De hallarse estos fntimamente conectados con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones  indebidas, su cómputo debiera integrar necesariamente todos los periodos de investigación durante los que el sujeto pasivo de la misma se hubiera visto sometido a los inconvenientes asociados a esa condición, pues lo contrario podria considerarse un mero fraude de etiquetas. Lejos de ello, los arts. 5 EOMF y 324 LECrim configuran un sistema de plazos para la investigación penal que no afecta de forma directa al contenido del derecho a un proceso sin dilaciones  indebidas.

Por consiguiente, el modo en que el art. 324 LECrim articula el cómputo de los plazos de la fase de investigación judicial revela que nos hallamos ante plazos procesales cuya finalidad es ordenar el curse del procedimiento, sin conexión directa con los arts. 24.2 CE y ó.1 CEDH.

El vigente art. 324.1 LECrim seria la que «[l]a investigación judicial se desarrollara en un plazo maximo de doce meses desde la incoación de la causa». Puede afirmarse, por tanto, que el inicio del plazo tendra lugar desde el memento de la incoación del procedimiento judicial, quedando excluidas del cómputo cualesquiera diligencias que la Policia Judicial o el Ministerio Fiscal hubiesen desarrollado con anterioridad a aquel memento.

Por otro lado, el cómputo del sistema de plazos de la investigación judicial se inicia y desarrolla al margen de la atribución de la condición de investigado/a, en tanto en cuanto nace desde el memento en que se incoa el procedimiento penal, aun cuando no existan elementos que permitan atribuir la comisión del hecho a persona alguna.

De ahí que resulte dificil conectar el contenido del art. 324 LECrim con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones  indebidas o con el derecho a un proceso equitativo en plazo razonable, pues por lo que al sujeto pasivo del procedimiento se refiere, parece evidente que nos encontramos ante derechos cuyo nacimiento debera vincularse a la efectiva atribución de la condición de investigado a su titular. De este modo, la STS 559/2020, de 29 de octubre (FJ 3°), dispone:

(.. .) tambien es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones , no debe tomarse en cuenta la fecha de las hechos (…) Asi la jurisprudencia, par ejemplo STS 84112015, del 30 de diciembre, ha dec/arado

que el derecho se refiere al proceso sin di/aciones, no a un hipotetico y exotica derecho del autor de un delito a un descubrimiento rapido tanto de la infracción penal coma de su implicación en el/a (STS 25012014, de 14 de marzo). Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental a/guno. El cómputo comenzara cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momenta se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso …) y que en/aza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmatica de la atenuante de dilaciones  indebidas.

 En identico sentido, vid. ATS 740/2020, de 22 de octubre; o las SSTS 528/2020, de 21 de octubre; 457/2020, de 17 de septiembre; 3óó/2020, de 2 de julio; 273/2020, de 3 de junio.

En similares terminos se pronuncia la STEDH de 25 de noviembre de 2010, al afirmar que:

(.. .) el plazo a tomar en consideración para determinar la duración del proceso penal comienza con el dia en que se «imputa» a una persona en el sentido autónomo y sustantivo que se le confiera a ese termino. Termina el dia en que finalmente se determina su responsabilidad o se termina el proceso ( vid.

SSTEDH Asunto Gil Leal Pereira c. Portugal, de 31 de octubre de 2002; Asunto Eckle c. A/emania, de 15 de julio de 1982; Asunto UHL contra Alemania, de 10 de febrero de 2005).

En otro orden de cosas, el actual parrafo segundo del art. 324.1 LECrim confirma que los plazos  no operan a mode de Ifmite absolute de la investigación criminal, pues segun dispone el precepto, «[s]i, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no sera posible finalizar la investigacion, el juez, de oficio o a instancia de parte, oidas las partes podra acordar prorrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».

Esta circunstancia permite inferir que el art. 324 LECrim se limita a imponer al organo judicial la obligacion de revisar periodicamente el curso de las actuaciones, a fin de constatar el estado de ejecucion de las diligencias cuya practica fue previamente acordada, el resultado de las mismas, asi como la necesidad de practicar otras nuevas o, en su caso, poner fin a la fase de instruccion sobreseyendo las actuaciones o avanzando a la fase intermedia del procedimiento. Esta prevision resulta idonea a fin de garantizar un minimo seguimiento y control de los procedimientos judiciales en curso, evitando asi posibles paralizaciones durante largos periodos de tiempo, lo que redundara en una tramitacion mas agil y diligente de los mismos.

Sin embargo, el hecho de que el precepto implemente una prevision apta para agilizar el curso de los procedimientos penales no permite conectar su contenido sin mas con los arts. 24.2 CE y ó.1 CEDH. El actual art. 324 LECrim no establece un limite maximo de duracion, ni de forma absoluta, ni en funcion de que la instruccion se considere simple o compleja. Por consiguiente, no es posible vincular los plazos -mas que de un modo remoto- con el tiempo razonable para la tramitacion del procedimiento.

No toda infraccion de las normas procesales supone la vulneracion del derecho a un proceso con todas las garantias, pues en ultima instancia ello conduciria inexorablemente a la constitucionalizaci ón de los meros formalismos ( vid. SSTS 407/2020, de 20 de julio; 173/2018, de 11 de abril; 255/2017, de ó de abril).

En delinitiva, el caracter razonable de la duración de un procedimiento no depende de la mera prórroga de un plazo procesal, sino que viene delimitado por la diligencia y celeridad con que se haya desarrollado la actividad instructora.

2.3 Ambito objetivo de aplicación

 El nuevo art. 324 LECrim ha suprimido la prevision contenida en la redaccion precedente acerca de que los plazos deban computarse desde la fecha de incoacion del sumario o de las diligencias previas, limitandose ahora a conectar el inicio del computo con la mas generica referenda a la «incoacion de la causa».

A pesar de lo anterior, el ambito de aplicacion del vigente art. 324 LECrim debe seguir circunscribiendose exclusivamente a los procedimientos tramitados como procedimiento ordinario y como diligencias previas, por razones analogas a las ya sefialadas en la Circular de la FGE n° 5/2015, sabre las plazos  maximas de la fase de instrucción, que se asumen integramente. Por consiguiente, quedan excluidos del ambito objetivo de aplicacion del precepto los procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el enjuiciamiento rapido de determinados delitos, por aceptacion de decreto y para el juicio sobre delitos leves.

La conclusion anterior se infiere de la prevision contenida en el apartado 4° del art. 324 LECrim, cuando dispone que «[t]ranscurrido el plazo maximo o sus prorrogas, el instructor dictara auto de conclusion del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolucion que proceda». De este modo, el legislador limita la aplicacion de los plazos de la fase de investigacion judicial a las modalidades procedimentales expresamente referidas en el precepto.

  1. Presupuestos para la prórroga de la investigación judicial

 El derogado art. 324 LECrim contemplaba la posibilidad de que el plazo ordinario de la fase de investigacion judicial -seis meses de duracion­ pudiera ser ampliado en aquellos casos en que la instrucción fuera declarada compleja ab initio o de forma sobrevenida por concurrir alguna o varias de las circunstancias a que se referia en su apartado segundo.

Ademas, el precepto hacia referencia a la posibilidad de prorrogar la duración de la instrucción cuando por concurrir «circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no pudiera razonablemente completarse en plazo». Esta prevision generó una notable inseguridad juridica fruto de la indelinición acerca de lo que debiera entenderse por «circunstancias sobrevenidas a la investigación>>.

La mayor parte de las resoluciones de las audiencias provinciales precisaron que aquellas causas o circunstancias sobrevenidas debian limitarse a las que se suscitaran ad intra durante el curso de la investigación, quedando excluidas las que provinieran de un delicit estructural de organización de la Administración de justicia, asi coma aquellas otras que resultaran imputables a la mera pasividad o falta de diligencia del órgano judicial ( vid. AAP Madrid 889/2019, de ó de noviembre; AAP Tarragona 822/2019, de 29 de octubre; AAP Barcelona 303/2019, de 2 de mayo; AAP Pontevedra 211/2019, de 3 de abril; AAP Las Palmas de Gran Canaria 2ó1/2018, de 2 de mayo; AAP Lleida ó15/2017, de 13 de diciembre).

En la nueva redacción ofrecida al art. 324 LECrim el (mica presupuesto cuya concurrencia se exige -al objeto de prorrogar la duración de la instrucción­ consiste en que por el/la juez/a se constate motivadamente la imposibilidad de finalizarla coma consecuencia de la necesidad de practicar diligencias relevantes para el curso de la investigación.

Por consiguiente, la prórroga de la investigación judicial resultara jurfdicamente admisible siempre que concurran los presupuestos materiales antes referenciados, con independencia de las razones que hayan impedido la practica de aquellas diligencias que se estimen necesarias para lograr la consecución de los fines descritos por el art. 299 LECrim, y de que esa imposibilidad resulte imputable al órgano judicial o a la aparición de circunstancias sobrevenidas durante el curse de la investigación.

Si la va/untas legislataris hubiera sido la de impedir la prosecución de aquellas investigaciones en que la actividad procesal desplegada hubiera sido poco diligente, se habria hecho constar mediante la redacción de una clausula que asf lo contemplara. Buena muestra de ello es el hecho de que no prosperasen aquellas enmiendas introducidas durante la tramitación de la Proposición de Ley num. 122/000024 (BOCG de 29 de abril de 2020), de derogación del plazo maxima previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamienta Criminal, en las que se proponia que «debera ponerse fin a la instrucción cuando transcurra un plazo de seis meses sin que se lleve a cabo ninguna diligencia de investigación».

En delinitiva, la finalidad del precepto no es otra que la de imponer al órgano judicial la obligación de controlar periódicamente el curse de la investigación al objeto de verificar el estado de las diligencias acordadas, asf como valorar la necesidad de practicar otras nuevas o, en su caso, concluir la instrucción, bien decretando el sobreseimiento, bien la conclusion del sumario o la apertura de la fase intermedia del procedimiento abreviado.

El legislador disefia asi un sistema que permite armonizar el derecho a una mas agil tramitación de los procedimientos penales y el derecho a la tutela judicial efectiva, instaurando mecanismos que garanticen el periódico control y actualización del estado de los procedimientos, sin que el derecho de las partes a obtener la tutela de sus legitimas pretensiones pueda verse cercenado por la concurrencia de circunstancias sobrevenidas, presupuestos de naturaleza exclusivamente formal o par la falta de diligencia o celeridad en la actuación procesal, las mas de las veces motivada por causas de orden estructural.

En otro orden de cosas, la resolución por la que el órgano judicial decrete la prórroga de la investigación debera revestir ex art. 324.1.111 LECrim- la forma de auto, en el que el/la juez/a expondra las razones que han impedido concluir la investigación desarrollada hasta ese momenta, asi como indicar las concretas diligencias que aun resulta precise practicar, con expresión de los motives por los que las mismas se consideran relevantes para concluir la fase de instrucción.

El deber de motivación de la referida resolución cobra ahora una particular relevancia con arreglo al nuevo diseno procesal ofrecido por el art. 324 LECrim. En consecuencia, las/os Sras./es. Fiscales velaran por que la resolución judicial decretando la prórroga de la duración de la investigación exprese las razones que aconsejan su continuación, asi como las concretas diligencias que restan por practicar, con expresión de los motives por los que estas se consideran relevantes para concluir la fase de instrucción.

4.     Delimitación de las facultades del órgano instructor y las partes en relación con la prórroga de la investigación judicial

 Con arreglo a la redacción del art. 324 LECrim ofrecida por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, la jurisprudencia interpretó mayoritariamente que la ampliación de la duración de la fase de instrucción precisaba de la previa solicitud del Ministerio Fiscal, con la salvedad del denominado plazo maximo previsto en su apartado 4°, en el que el legislador admitió de modo expreso que la solicitud pudiera ser efectuada por cualquiera de las partes personadas en el procedimiento ( vid. SSTS 470/2017, de 22 de junio; 214/2018, de 8 de mayo; AATS 504/2019, de 2 de abril; 1ó4/2020, de 23 de enero).

El derogado art. 324 LECrim tomó como fuente de inspiración el frustrado proyecto de Código Procesal Penal de 2013, una de cuyas principales novedades residfa en atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación criminal. Buena parte de los problemas tecnicos y practices asociados a la configuración del sistema de plazos instaurado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, encuentran su genesis en el hecho de que se trasladara a nuestra ley rituaria un modelo procesal concebido en torno a la figura del fiscal investigador. Sin embargo, la reforma operada por la Ley 41/2015 no alteró la configuración de la fase investigadora del procedimiento, cuya dirección siguió correspondiendo al órgano judicial, creandose asi una evidente paradoja procesal al vincular la posibilidad de ampliar el plazo de las investigaciones judiciales a la previa petición del Ministerio Fiscal.

La actual redacción del parrafo segundo del art. 324.1 LECrim ha puesto fin a tal incoherencia, atribuyendo al juez la facultad de ampliar de oficio la duración de su investigación. El legislador de 2020 ha adoptado una opción mas coherente y respetuosa con el actual diseno procesal consistente en atribuir la facultad de decidir sobre el curso de la investigación a quien la dirige y a quien, por esa misma razón, le esta encomendada la consecución de las finalidades descritas en el art. 299 LECrim. Todo ello sin perjuicio, evidentemente, del auxilio que a tal fin puede y debe prestar el Ministerio Fiscal con arreglo a las altas funciones y responsabilidades que el ordenamiento juridico le atribuye.

Por consiguiente, los plazos regulados por el nuevo art. 324 LECrim deben ser reputados como plazos judiciales, pues su ampliación, a diferencia de la regulación anterior, no aparece condicionada a la previa petición de parte.

Como novedad, el parrafo segundo del art. 324.1 LECrim ha introducido la posibilidad de que todas las partes del proceso penal -activas y pasivas­ puedan promover por igual ante el órgano judicial la prórroga de la investigación. Esta prevision legal se estima mas respetuosa con los derechos a la tutela judicial efectiva, a utilizar todos los medios de prueba y a un proceso con todas las garantfas, siendo incontrovertida la legitimación del Ministerio Fiscal para invocar y promover la delensa de estos derechos ( vid. STC 17/200ó, de 30 de enero; SSTS 141/2015, de 3 de marzo; 508/2015, de 27 de julio; 841/201ó, de 8 de noviembre; 288/2018, de 14 de junio; 352/2019, de 10 de julio; 271/2020, de 2 de junio).

La reforma ha operado una profunda transformación del rol asignado al Ministerio Fiscal en relación con el control de los plazos  procesales del art. 324 LECrim. Si con arreglo a la redacción de la Ley 41/2015 el Ministerio Fiscal se erigfa en figura principal de ese control, el protagonismo ha sido trasladado ahora al órgano judicial encargado de dirigir la instrucción. Asi se infiere de la facultad de este para decretar de oficio la prórroga de la investigación y del hecho de que el nuevo precepto coloque en un piano de igualdad al Ministerio Fiscal y a las demas partes procesales, atribuyendo a todas ellas identicas facultades.

En delinitiva, es al director de la investigación judicial a quien compete controlar el curse y duración de la misma y, por ello, determinar la necesidad de ampliar su duración al objeto de practicar cuantas diligencias resulten necesarias para lograr la consecución de los fines de la instrucción, sin perjuicio de la función que atribuye al Ministerio Fiscal el art. 773.1 LECrim y de que, como ya estableció la lnstrucción de la FGE n° 2/2008, sabre las funciones de/ Fiscal en la fase de instrucción, «no es casual que el art. 3 EOMF, en su redacción dada por Ley 24/2007, de 9 de octubre, al desglosar en dieciseis apartados las obligaciones del Ministerio Fiscal, ubique en primer lugar la de velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos  y terminos en ellas senalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recurses y actuaciones, pertinentes. Ni el hecho de que la investigación de las infracciones penales se inicie directamente ante el Juzgado de lnstrucción ni la eventual remisión a dicho órgano de las diligencias de investigación practicadas por el Fiscal supone que este pueda relajar su obligación de continuar coadyuvando activamente al buen fin de la instrucción. (…) La esencia del Fiscal como promoter de la Justicia es la asunción de la iniciativa procesal, delendiendo la legalidad procesal desde una posición activa, estimulando el desenvolvimiento agil de las actuaciones».

Por ello, las/os Sras./es. Fiscales promoveran ante el órgano judicial -en aquellos cases en que asf lo consideren pertinente- el dictado de las resoluciones por las que se decrete la ampliación de la fase de investigación, procurando que el/la juez/a recabe el parecer de las distintas partes personadas en el procedimiento (art. 324.1.111 LECrim), asf como que el auto en virtud del cual se decrete la prórroga sea motivado y resulte dictado en plazo.

Asimismo, las/os Sras./es. Fiscales deberan interponer aquellos recurses que estimen procedentes frente a las resoluciones por las que el/la juez/a acuerde o deniegue la ampliación de la fase de instrucción. A tal efecto, es precise advertir que el vigente art. 324 LECrim -a diferencia de la version aprobada por Ley 41/2015- no preve restricción alguna acerca de la posibilidad de impugnar aquellas resoluciones, motive por el que debera estarse al regimen general establecido en los arts. 21ó y ss. y 7óó LECrim.

  1. Cómputo de los plazos

  

  • Determinación del dies a quo

 La nueva redacción del art. 324.1 LECrim fija la fecha de incoación de las actuaciones como dies a quo para el cómputo de los plazos  al serialar que «[l]a investigación judicial se desarrollara en un plazo maximo de doce meses desde la incoación de la causa».

Como ya advirtiera la Circular de la FGE n° 5/2015, la determinación del dies a quo plantea problemas en los supuestos de inhibiciones y acumulaciones en los que pueden concurrir varies autos de incoación de distinta fecha. Los criterios que sabre dicho particular se recogian en la referenciada Circular se asumen integramente en la presente y deben entenderse plenamente aplicables en la actualidad.

Asi, en el caso de las inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en cuenta sera la del primer auto de incoación que se dicte, ya que en ningun caso el tiempo que la Administración de justicia emplee en determinar el órgano competente puede ir en detrimento de la agilización del procedimiento ( vid. AAP Barcelona 19ó/2020, de 2 de marzo; SAP Madrid 108/2020, de 17 de febrero; AAP Zaragoza 52/2020, de 24 de enero; AAP Tarragona 8ó1/2018, de 21 de diciembre; AP Ciudad Real 204/2018, de 17 de mayo; AAP Pontevedra 474/2017, de 1 de junio).

Cuando se trata de acumulaciones el criteria ha de ser necesariamente diferente, ya que las mismas versaran sabre hechos o sujetos distintos, que en principio podrian haberse instruido en causas separadas. Como establece el art. 17 LECrim, cada delito debe dar lugar a la formación de una causa, pero si concurre alguno de las supuestos de conexidad, la investigación se efectuara en un solo procedimiento. En este caso, si existen varies autos de incoación de diligencias, el que marque el inicio del cómputo de los plazos  debe ser el auto de incoación de las ultimas diligencias iniciadas, y ello par razones de estricta 1ógica: por un lado, si tales diligencias no se hubieran acumulado, estarian sometidas a los plazos  generales del art. 324 LECrim en toda su amplitud; por otro, de quedar vinculadas al plazo de las diligencias mas antiguas, podrfa llegarse al absurdo de que una vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno para la instrucción, par hallarse este ya agotado.

Algunos tribunales han rechazado el criteria antes expresado, interpretando que el inicio del cómputo del plazo regulado por el art. 324.1 LECrim tendra lugar con la incoación del procedimiento, «pero siempre que dicha resolución incorpore un plan investigativo programado», rechazando de ese modo que la resolución de incoación del procedimiento a los meros efectos de su inhibición goce de virtualidad alguna a la hora de fijar el dies a quo del referenciado cómputo ( v.gr. AAP Valencia 774/2020, de 8 de septiembre; AAP Granada 38ó/2020, de 25 de junio; o AAP Murcia 275/2020, de 7 de abril, entre otras).

Sin embargo, las audiencias provinciales mayoritariamente han hecho suyos los argumentos ofrecidos sobre dicho particular por la Circular de la FGE n°5/2015, subrayando a tal efecto que la incoación del procedimiento y ulterior inhibición no suspende en ningun caso la tramitación de las actuaciones, con arreglo a lo dispuesto en el art. 25.3 LECrim ( v.gr. AAP Barcelona 437/2020, de

18 de junio; AAP Madrid ó54/2019, de 20 de septiembre; AAP Girona 47ó/2019, de 15 de julio; AAP Valladolid 113/2017, de 13 de marzo; AAP Tarragona 129/2020, de 28 de febrero; AAP Bilbao 151/2019, de 1ó de mayo; AAP Barcelona 10ó/2018, de 31 de enero).

Por consiguiente, las/os Sras./es. Fiscales procuraran que en estos supuestos la actuación judicial instructora no quede suspendida de modo indelinido a la espera de que se resuelvan los posibles conflictos de competencia que puedan suscitarse entre los distintos órganos judiciales, promoviendo ante aquel que hubiera planteado la inhibición el diligente desarrollo de la investigación con arreglo al art. 25 LECrim e incluso, para el caso de estimarse oportuno, la prórroga de la fase de investigación.

En otro orden de cosas, debe recordarse que tambien han suscitado controversia las conversiones de un procedimiento no comprendido dentro del ambito objetivo de aplicación del art. 324 LECrim -procedimientos ante el Tribunal del Jurado, para el enjuiciamiento rapido de determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio sobre delitos leves- en los procedimientos ordinario o de diligencias previas.

La actual redacción del art. 324 LECrim ha sustituido la referenda a que el cómputo debia iniciarse «desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas» por una formula notablemente mas vaga: «desde la incoación de la causa». Esta modificación pudiera suscitar dudas acerca de si el dies a quo debiera fijarse en atención a la data de incoación del primero de los procedimientos o, por el contrario, con arreglo a la resolución por la que -a rafz de la conversion- se acordara la incoación del procedimiento ordinario o de diligencias previas. Sin embargo, con arreglo a una interpretación sistematica y teleológica puede concluirse que tambien en estos casos el dies a quo debera computarse desde la fecha de incoación del procedimiento ordinario o de diligencias previas, en tanto en cuanto el art. 324 LECrim no debe ser aplicado a otros procedimientos que a las expresamente comprendidos dentro de su ambito objetivo de aplicación.

La interpretación apuntada ofrece una solución mas compatible con la concreta ubicación del precepto pues, en case contrario, ello conducirla a admitir alternativas inconcebibles en aquellos cases en que la incoación del procedimiento ordinario o de diligencias previas, fruto de la conversion procedimental, tuviera lugar tras superarse el plazo regulado par el art. 324.1 LECrim.

  • Dies ad quern de la investigación judicial

 En cuanto al dies ad quern de las plazos  regulados par el art. 324 LECrim, debe recordarse que, de conformidad con el art. 185 LOPJ, «[l]os plazos  procesales se computaran con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil», senalando el art. 5.1 CC que «Si las plazos  estuviesen fijados par meses o anos, se computaran de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera dla equivalente al inicial del cómputo, se entendera que el plazo expira el ultimo del mes». Asimismo, debe tenerse presente que, segun las arts. 201 LECrim y 184 LOPJ, <<todos las dlas y horas del ano se consideraran habiles para la instrucción de las causas penales».

La aplicación de las preceptos resenados a las plazos  del art. 324 LECrim deriva de su naturaleza procesal y preclusiva, en contraposición a las plazos  sustantivos, coma las de prescripción y caducidad.

Los plazos  procesales se distinguen de las plazos  sustantivos porque su nacimiento siempre se ubica en el seno de un procedimiento fruto de una actuación procesal anterior, coma es el auto de incoación de diligencias previas. Como senala la STS 751/2019, de 5 de noviembre, «la naturaleza de las normas no depende de su ubicación en un determinado texto. El criterio que se aplica para determinar la naturaleza procesal de una norma es el ambito en el que incide la consecuencia jurldica prevista en la misma, si tiene reflejo en el proceso, atiende a la conducta de las partes, de los intervinientes en el proceso, del juez, o se refiere a actos procesales, tanto a la forma como a sus presupuestos, requisites y efectos, la norma sera procesal».

De ahf que aquellos plazos cuya genesis se asocie a una actuación procesal previa gocen siempre de naturaleza procesal, mientras que aquellos otros cuyo nacimiento tenga lugar extramuros del procedimiento sean considerados sustantivos o materiales. En este sentido, el ATS (Civil), sec. 1a, de 23 de mayo de 2018, dispone que «[e]sta Sala ha reiterado la diferencia existente entre plazos procesales y sustantivos al seiialar que unicamente ofrecen caracter procesal los que tienen su origen o punto de partida de una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazomiento o requerimiento), entre los que no estan aquellos a los que se asigna un determinado plazo para el ejercicio de una acción».

Entre esas actuaciones de caracter procesal se encuentra la resolución judicial iniciadora del procedimiento penal -auto de incoación de sumario o de diligencias previas del procedimiento abreviado-, cuyo mero dictado produce el inicio del cómputo de los plazos de instrucción, sin necesidad para ello siquiera de su notificación al Ministerio Fiscal.

A mayor abundamiento, el ejercicio de la acción penal no viene constreiiido por los plazos del art. 324 LECrim, de tal manera que el transcurso de estos no enerva ni impide ejercitar aquella, no implica un desapoderamiento del Estado para actuar el ius puniendi. Los plazos del art. 324 LECrim no afectan a la acción penal, sino exclusivamente al procedimiento investigative desarrollado por el órgano judicial ( vid. AAP Valencia ó24/2019, de 10 de junio; AAP Barcelona 237/2019, de 25 de abril; AAP Murcia 520/2018, de 20 de diciembre). El vencimiento de los plazos maximos sin culminar oportunamente la fase de instrucción no determina la caducidad de la acción penal, ni implica la aparición de una novedosa causa de extinción de la responsabilidad. Es por ello que la (mica consecuencia procesal que directamente se deriva del cumplimiento de los plazos legales no es otra que la obligación que el art.324.4 LECrim impone al juez de pronunciarse sobre la terminación de la fase de instrucción con el consiguiente dictado del auto de conclusion del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al art. 779 LECrim.

Las audiencias provinciales han atribuido de forma mayoritaria naturaleza estrictamente procesal a los plazos de la investigación judicial, al considerar inadecuado relacionar el art. 324 LECrim con la prescripción o el ejercicio de la acción penal, pues el mero transcurso de los plazos no genera consecuencias sustantivas sino meramente procesales ( v.gr. AAP Guadalajara 43/2020, de 4 de febrero; AAP León 141/2020, de 12 de febrero; AAP Tarragona 101/2020, de 11 de febrero; AAP Valencia 1000/2019, de 2ó de septiembre; AAP Barcelona 237/2019, de 25 de abril; AAP Oviedo 431/2019, de 3 de julio; AAP Cadiz 355/2019, de 17 de julio, entre otros muchos).

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha venido a reafirmar esa naturaleza procesal de los plazos del art. 324 LECrim cuando en la STS óó/2021, de 28 de enero (FJ 2°), senala expresamente:

El incumplimiento de los plazos  procesales puede generar, tambien, consecuencias preclusivas y no preclusivas que afecten a la propia regularidad del proceso, a la validez de determinadas actuaciones y a la obtención y aprovechamiento de fuentes probatorias.

Asi, y a titulo meramente descriptivo, el incumplimiento de los plazos  procesales puede provocar la clausura de la fase de investigación -vid. articulo 324 LECrim-.

  1. lnterrupción del cómputo

La reforma operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, ha suprimido la prevision que contenfa el derogado art. 324.3 LECrim en que se establecfan como causas de interrupcion del computo de los plazos los periodos durante los que las actuaciones se haIlaran declaradas secretas o sobresef das provisionalmente.

A la vista de que el actual art. 324 LECrim no regula supuesto alguno de interrupcion, debe concluirse que la suspension del computo de los plazos de la investigacion judicial unicamente tendra lugar mientras el procedimiento se encuentre en estado de sobreseimiento provisional, pues en tal caso no existe investigacion alguna en marcha ni, por lo tanto, procedimiento en fase de instruccion cuyos plazos puedan ser computados.

Debe entenderse que, en el caso de que se acuerde el sobreseimiento provisional, el plazo dejara de computarse desde el momento en que se dicte y sin esperar a su firmeza, por lo que el tiempo de tramitacion de los eventuales recursos no computara a los efectos del art. 324 LECrim, en tanto en cuanto ninguna actividad instructora se efectuara mientras penda la impugnacion.

En el supuesto de reapertura de un procedimiento provisionalmente sobresefdo se reanudara el plazo que reste de la investigacion judicial, debiendo computarse a efectos del art. 324.1 LECrim el tiempo transcurrido entre el auto de incoacion y el de sobreseimiento provisional.

Por otro lado, sin perjuicio de que no existe prevision expresa en cuanto a la interrupcion del computo del plazo en los supuestos en que las actuaciones hubieran sido declaradas secretas, una interpretacion teleologica y sistematica de los arts. 302, 30ó, 324, 579, 588.bis d), 588.ter g) y 588 quinquies LECrim y del art. 4.1 EOMF, permite afirmar que en estos cases el/la juez/a debera conceder audiencia unicamente al Ministerio Fiscal pues, de otra forma, ello podria conducir a la frustración de la investigación.

Debe tenerse en cuenta la existencia de otros supuestos en que se ha admitido la interrupción del cómputo, tales como los apuntados en las Conclusiones de las XVIII Jornadas de Presidentes de las Audiencias Provinciales de Espana: el tiempo durante el que se resuelve el planteamiento de cuestiones prejudiciales devolutivas y el periodo durante el que se lleven a cabo labores de traducción de las actuaciones (art. 123.4 LECrim).

  1. Los efectos del transcurso de los plazos de la investigación judicial

  

  • Prórroga extemporanea de la fase de investigación judicial

 El art. 324 LECrim no preve de modo expreso que la resolución prorrogando la duración de la fase de investigación judicial resulte nula en aquellos casos en que hubiera sido dictada extemporaneamente, sino que se limita a prever la invalidez de aquellas diligencias que hayan sido practicadas una vez agotados los plazos  regulados por el apartado primero, sin que estos hubieran sido previamente prorrogados.

Asf las cosas, el apartado tercero del art. 324 LECrim senala que «[s]i, antes de la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por via de recurso, no seran validas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha».

El legislador no ha previsto el tratamiento procesal que deba ofrecerse a la resolución judicial por la que se declare extemporaneamente la prórroga de los plazos  regulados por el art. 324.1 LECrim ni el que deba darse a las diligencias practicadas bajo la cobertura de esa resolución judicial, es decir, el tratamiento de las diligencias solicitadas por cualquiera de las partes dentro del plazo de la investigación judicial pero acordadas inoportuna o extemporaneamente por el órgano judicial que posteriormente acuerda la prórroga fuera del plazo.

El precepto se limita a establecer que no seran validas las diligencias acordadas una vez agotados los plazos cuando estos no hubieran resultado expresamente prorrogados por el/la juez/a de instrucción. A la vista de ello, puede afirmarse que el art. 324.3 LECrim admite dos posibles interpretaciones.

La primera, de caracter estrictamente gramatical, pasa por admitir que las diligencias solicitadas dentro de plazo por cualquiera de las partes -pero acordadas y practicadas bajo la cobertura de una resolución judicial dictada de modo extemporaneo- no sean consideradas validas. lnterpretación que parece fluir de la propia literalidad del precepto, que indica que las diligencias acordadas tras la finalización del plazo o de alguna de sus prórrogas no seran validas cuando el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado primero del art. 324 LECrim.

Una segunda posibilidad interpretativa con arreglo a criterios de orden sistematico y teleológico permite admitir la validez de las diligencias acordadas y practicadas de aquel modo, pues resultarfa paradójico que el legislador no hubiera reputado nula la resolución judicial declarando extemporaneamente la prórroga de la duración de la fase de investigación para, sin solución de continuidad, negar toda validez a las diligencias decretadas bajo la cobertura de aquella resolución.

En tanto no exista una linea jurisprudencial uniforme, debera prevalecer con caracter general la primera de las interpretaciones apuntadas, sin perjuicio de que existen só1idos argumentos en apoyo de la segunda.

Asf, de admitirse la segunda opción, parecerfa fuera de toda duda que con arreglo al art. 238.3° LOPJ la resolución decretando extemporaneamente la prórroga de la investigación judicial no deberia ser considerada nula, pues dicha actuación no disminuye en modo alguno las posibilidades efectivas de delensa de la persona investigada. Podria concluirse que la prórroga extemporanea de la duración de la fase de investigación judicial constituye una actuación procesal que no entrana menoscabo de los principios de contradicción e igualdad de partes y que no impide ni dificulta su posibilidad de alegar y acreditar en el proceso sus derechos, o de replicar dialecticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con el resto de intervinientes en el proceso. Esta circunstancia, unida al hecho de que el art. 324.3 LECrim no prevea sanción o consecuencia alguna para la resolución dictada extemporaneamente, permitiria concluir que esa resolución judicial pudiera reputarse a todos los efectos como procesalmente valida y, en consecuencia, que tuviere la virtualidad de convalidar las diligencias acordadas y practicadas hasta la fecha de su dictado.

Debe, ademas, subrayarse que esta interpretación presenta mayor compatibilidad con el derecho a una investigación suficiente y eficaz en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24.1 CE ( vid. SSTC 87/2020, de 20 de julio; 39/2017, de 24 de abril; 153/2013 de 19 de septiembre). Este derecho fundamental comprende el derecho a que sean practicados todos los medios de investigación necesarios, pertinentes y utiles para lograr durante la fase de instrucción el esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento (art. 299 LECrim).

En supuestos similares en los que si existe afectación de derechos fundamentales de la persona investigada nuestra jurisprudencia ha admitido la validez de las diligencias practicadas bajo la cobertura de una resolución dictada extemporaneamente:

  1. En relación con la prórroga extemporanea del secreto de sumario, la STS 4ó3/2019, de 14 de octubre, dispone que «[e]n todo caso, la demora en la prórroga del secreto que se denuncia careceria de los efectos anulatorios que el recurrente pretende atribuirle, pues el recurse no identifica en que terminos dicho retraso le habria generado indelensión, habiendo recogido la doctrina constitucional, con ocasión del analisis de una decision judicial de prórroga del secrete de las actuaciones, que lo verdaderamente relevante a efectos constitucionales es que no se haya producido una verdadera y efectiva indelensión (STC 19 de octubre de 1995, FJ 3.2)».
  2. En relación con la prórroga extemporanea de la diligencia de interceptación de las comunicaciones telefónicas, la STS 138/2015, de 13 de marzo, dispone que «aun en casos de cómputo equivocado del tiempo de algunas de las prórrogas de la medida de intervención, prorrogandose una vez transcurrido el plazo mensual acordado en la resolución precedente, habiendose computado un mes y un dia en lugar de un mes, (…) ello solo puede acarrear la ilicitud de lo actuado en dicho lapso (el citado dia) y de lo que de ello se derive, pero [en] modo alguno de lo actuado bajo el amparo de la nueva resolución. Y ello, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional que se pronunció en un caso analogo en la STC 205/2005, de 18 de julio». Criteria reiterado, entre otras, en las SSTS 841/201ó, de 8 de noviembre; 552/2015, de 23 de septiembre; 877/2014, de 22 de diciembre; ó89/2014, de 21 de octubre; 1029/2013, de 8 de

Esta segunda interpretación coincide, ademas, con la ofrecida par la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el ATS 504/2019, de 25 de abril, al enjuiciar un supuesto en que par el órgano judicial se acordó recabar la hoja histórico penal del investigado una vez agotado el plazo regulado par el art. 324.1 LECrim:

Ciertamente, advertimos que la union de dichos antecedentes penales se produjo una vez transcurrido el plazo maxima legalmente establecido para la instrucción, pero el/o no puede suponer la reclamada nulidad de la instrucción, como no justifica en este caso la declaración expresa de nulidad de dicha diligencia, aun a pesar de la inoperatividad del art. 324. 7 LECrim. -puesto que ninguna resolucion judicial acordo previamente su union a autos-, porque no es posible concluir que se haya producido indelension efectiva y real para el recurrente por dicho motivo, coma presupuesto esencial para que pudiera prosperar toda pretension de esta naturaleza.

 Finalmente, debe recordarse que las audiencias provinciales han admitido mayoritariamente, en relación con el derogado art. 324 LECrim, la posibilidad de que la resolución que decretaba la ampliación de la fase de instrucción pudiera ser dictada una vez expirado el plazo legal. Criteria igualmente plasmado en las conclusiones de las XVIII Jornadas de Presidentes de las Audiencias Provinciales de Espana en los siguientes terminos: «No es, sin embargo, necesario que la prórroga se acuerde dentro de dicho plazo, por lo que surtira plenos efectos la prórroga solicitada por el Fiscal tres dias antes de la expiración aunque sea acordada por el instructor una vez agotado el plazo, previa audiencia de las partes, en los terminos expuestos en el articulo 324 de la LECrim. En estos supuestos, las diligencias practicadas en el interin quedaran convalidadas una vez se acuerde la prórroga».

  • Regimen juridico de las diligencias practicadas extemporimeamente

  7.2.1 Diligencias acordadas con anterioridad al agotamiento del plazo

 Respecto a las diligencias practicadas una vez agotados los plazos regulados por el art. 324.1 LECrim, deben distinguirse aquellos supuestos en que la practica de las mismas hubiera sido decretada por el/la juez/a con anterioridad al vencimiento del plazo de aquellos otros en que su practica hubiera sido ordenada una vez agotado el plazo o sus prórrogas.

En el primero de los cases referenciados continuan resultando de aplicación los criterios ofrecidos por la Circular de la FGE n° 5/2015 -sustituyendo las referencias que en aquella se hacfan al apartado septimo del art. 324 LECrim,por el apartado segundo de la nueva redaccion ofrecida al precepto-: «[e]I apartado [segundo] dispone que las diligencias de investigacion acordadas antes del transcurso de IOS plazos legales seran validas, sin perjuicio de SU recepcion tras la expiracion de los mismos. Pese a su oscura redaccion, una interpretacion logica lleva a mantener necesariamente que si se han acordado diligencias de investigacion dentro de plazo, cabra incorporar sus resultados a la causa aun ya agotado el mismo. Esta prevision habra de entenderse referida a cualquier diligencia de instruccion, incluyendose, por tanto, las testificales acordadas dentro de plazo que se lleven a cabo una vez expirado el mismo».

El citado criteria ha venido siendo aceptado mayoritariamente por las audiencias provinciales ( vid. la conclusion al respecto de las XVIII Jornadas de Presidentes de las Audiencias Provinciales de Espana).

El nuevo art. 324.2 LECrim dispone que «[l]as diligencias de investigacion acordadas con anterioridad al transcurso del plazo o de sus prorrogas seran validas, aunque se reciban tras la expiracion del mismo».

Por consiguiente, seran validas todas las diligencias acordadas antes del vencimiento del plazo de la investigacion judicial, sin perjuicio de que se practiquen o reciban una vez agotado el mismo, bien se trate de una declaracion testifical, un informe pericial o un documento con valor probatorio.

Notese que el principio de conservacion de los actos procesales encuentra su razon de ser no solo en razones de economia procesal, sino en el derecho a un proceso sin dilaciones  indebidas, resultando gravemente lesivo para este derecho fundamental exigir que a causa de un mero delecto formal se reitere la practica de diligencias con identico contenido y resultado.

7.2.2 Regimen de las diligencias acordadas y practicadas externporaneamente

 La anterior redacción del art. 324 LECrim no se pronunciaba expresamente sobre las consecuencias asociadas a la realización de diligencias de instrucción fuera de los plazos legales, limitandose a indicar en su apartado septimo que «[l]as diligencias de investigación acordadas antes del transcurso de los plazos  legales seran validas, sin perjuicia de su recepción tras la expiración de los mismos». Disposición esta que a contrario sensu inducia a considerar que las diligencias acordadas con posterioridad al transcurso de aquellos plazos no serian validas.

El vigente art. 324 LECrim contempla en su apartada segundo identica prevision respecto a la validez de las diligencias acordadas antes del transcurso de las plazos previstos en el apartado primero del precepto. Sin embargo, su tercer apartado si se pronuncia ahora expresamente acerca de las consecuencias procesales asociadas a la practica extemporanea de diligencias durante la fase de instrucción en los siguientes terminos: «[s]i, antes de la finalización del plazo a de alguna de sus prórrogas, el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por via de recurso, no seran validas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha».

Por tanto, con arreglo a una interpretación literal del art. 324.3 LECrim, no seran validas las diligencias acordadas de moda extemporaneo, al igual que aquellas que lo hubieran sida tras resultar prarragados las plazos de la investigación judicial, cuando la resolución par la que se acordó la prórroga en cuestión fuere revacada.

Las diligencias practicadas de aquel modo en ningun caso mereceran ser consideradas ilicitas, sino irregulares, pues el mero incumplimiento del plazo procesal regulada por el art. 324 LECrim no permite apreciar vulneración de derechos y libertades fundamentales de ningun orden ( vid. SSTS 1328/2009, de 30 de diciembre; 53/2011, de 10 de febrero; 115/2015, de 5 de marzo; 714/2018, de 1ó de enero de 2019; y ATS 227/2020, de 13 de febrero).

En consecuencia, las diligencias acordadas y practicadas extemporaneamente no podran valorarse al objeto de resolver acerca del paso a la fase intermedia del procedimiento ni introducirse en el acto de juicio oral por la via de los arts. 714 y 730 LECrim. Sin embargo, nada impedira que las/os Sras./es. Fiscales puedan proponer, bien en el escrito de acusación o de conclusiones provisionales, bien al inicio del acto del juicio oral, aquellas pruebas que se estimen pertinentes y utiles, aun cuando las mismas guarden conexión con las diligencias reputadas no validas por haber sido practicadas con infracción de los plazos  regulados por el art. 324 LECrim.

Las/os Sras./es. Fiscales deberan dar al resultado de las diligencias practicadas extemporaneamente el tratamiento propio de la prueba irregular, rechazando la expulsion del acervo probatorio de aquellas fuentes de prueba derivadas de la practica de la diligencia que hubiera sido realizada con infracción de los plazos  del art. 324 LECrim.

 

8.     La declaración en calidad de investigado/a tras la expiración de los plazos del art. 324 LECrim

 En primer lugar, conviene precisar que, con arreglo a lo preceptuado por el actual art. 324.2 LECrim, esa posibilidad ha venido reputandose viable en todos aquellos casos en que la declaración, aun practicada tras agotarse el plazo, hubiera sido acordada con anterioridad por el/la juez/a de instrucción.

Cuestión distinta es el tratamiento procesal que deba ofrecerse a la declaración de la persona investigada acordada y practicada tras expirar el plazo de la fase de investigación judicial.

Doctrina y jurisprudencia convienen en afirmar que la declaración del investigado participa de una doble naturaleza, pues ademas de ser un acto de investigación judicial de naturaleza procesal, constituye una garantia de delensa de aquel. Esta función fue precisamente lo que motivó que el Tribunal Constitucional concluyera que su practica durante la fase sumarial resultara ineludible ( vid. SSTC 128/1993, de 19 de abril; 129/1993, de 19 de abril; 273/1993, de 20 de septiembre; 277/1993, de 17 de octubre; 135/1989, de 19 de julio; 18ó/1989, de 13 de noviembre).

La particular naturaleza de esta diligencia ha hecho que nuestra jurisprudencia admita su practica extemporanea de modo mayoritario, tambien en aquellos casos en que hubiera sido decretada tras expirar los plazos  previstos en el art. 324 LECrim. A tal efecto resultan reveladoras las consideraciones que sabre dicho particular se contienen en el ATC 5/2019, de 29 de enero (FJ 5°):

Pero esta duda parte de considerar la declaración del investigado coma una diligencia de investigación o instrucción que no puede ser acordada una vez transcurrido el citado plazo, de acuerdo con el sistema de plazos  de instrucción del articulo 324 LECrim, y sin embargo determinante de la continuación del proceso penal mediante la apertura de la denominada fase intermedia (…) No es esta, sin embargo, la naturaleza, o la (mica naturaleza de la declaración del investigado que resulta de la jurisprudencia de este Tribunal. (…) En este sentido, hemos dicho que «lo que prohibe el articulo 24 CE es que el inculpado no tenga participación en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se fragile a sus espaldas, sin haber tenido conocimiento alguno de el/a» (SSTC 7012002, de 3 de abn1, FJ 4; y 1812005, de 1 de febrero, FJ 5). (…) Esta condición de la declaración de investigado como «garantfa de audiencia previa» es coherente con los principios inspiradores del derecho y de/ proceso penal en un Estado democratico de Derecho, y asi lo hemos recordado igualmente en las SSTC 19711995, de 21 de diciembre, FJ ó, y 1ó111997, de 2 de octubre, FJ 5. «Como explicabamos in extenso en la STC 19711995, (…) en el proceso penal acusatorio el imputado ya no es objeto del proceso penal, sino sujeto de/ mismo, esto es, parte procesal y de ta/ modo que [su] dec/aración, a la vez que media de prueba o acto de investigación, es y ha de ser asumida esencialmente coma una manifestación o un media idóneo de delensa».

 Como ya se anticipó, el agotamiento de los plazos  del art. 324 LECrim no puede identificarse con la prescripción del delito investigado, supuesto en que si se admite la renuncia al ejercicio del ius puniendi. De ahi que, una vez expirados aquellos plazos  y para el caso de apreciar indicios de criminalidad, el/la juez/a deba avanzar a la fase intermedia del procedimiento penal, permitiendo a las partes formular acusación, toda vez que el sobreseimiento de las actuaciones tan solo resultara viable de concurrir alguno de los supuestos de hecho regulados con caracter tasado en los arts. ó37 y ó41 LECrim, entre los que no se encuentra contemplada la ausencia de declaración de la persona investigada. Lo contrario supondria una tacita modificación del art. ó37 LECrim, introduciendo como causa de sobreseimiento libre un supuesto no previsto por la norma, al tiempo que atribuiria un efecto sustantivo a una norma procesal al admitirse por la via de hecho una nueva causa de extinción de la responsabilidad criminal asociada al transcurso del tiempo, distinta a la prescripción del delito.

La conclusion apuntada supra ha sido admitida de un modo mayoritario por nuestras audiencias provinciales ( vid. AAP Barcelona 33ó/2020, de 29 de abril; AAP Barcelona 84/2020, de 4 de febrero; AAP Barcelona ó34/2019, de 18 de noviembre; AAP Badajoz 159/2020, de 1 de junio; AAP Caceres 237/2020, de

20 de marzo; AAP Caceres 217/2020, de 17 de marzo; AAP Pontevedra 595/2017, de 4 de septiembre; AAP Bilbao 90482/2019, de 25 de octubre; AAP Sevilla 349/2018, de 8 de mayo; AAP Valencia 502/2019, de 14 de mayo).

La especial naturaleza de esta diligencia, el caracter netamente procesal del plazo previsto en el art. 324 LECrim -del que no cabe predicar efecto sustantivo alguno- y el hecho de que su omisión no constituya causa que determine el sobreseimiento libre o provisional de las actuaciones, parecen justificar la posibilidad de que la declaración de la persona investigada pueda ser decretada y practicada una vez expirados los plazos  de la investigación judicial.

Sin embargo, dado que de forma minoritaria las resoluciones de algunas audiencias provinciales ( vid. AAP Guadalajara 43/2020, de 4 de febrero; AAP Barcelona 237/2019, de 25 de abril; AAP Huelva 48/2019, de 8 de febrero) han denegado la posibilidad de practicar la declaración de investigado/a tras la expiración de los plazos  regulados por el art. 324 LECrim, las/os Sras./es. Fiscales, al objeto de evitar la posible frustración de la investigación, deberan promover ante el órgano judicial que dicha diligencia sea practicada previo agotamiento de aquellos plazos .

En delinitiva, las/os Sras./es. Fiscales velaran por que el/la juez/a de instrucción acuerde la practica de la declaración de investigado/a o, en su caso, la declaración indagatoria con anterioridad a la expiración de los plazos regulados por el art. 324 LECrim. No obstante, en caso de suscitarse controversia sabre dicho particular, deberan sostener que la resolución por la que se declara la practica de aquella diligencia una vez agotados aquellos plazos resulta admisible y valida con arreglo a nuestro ordenamiento juridico.

  1. La petición de diligencias complementarias tras la conclusion de la fase de instrucción

 Conforme senalaba la Circular de la FGE n° 5/2015, sobre los plazos  maximos de la fase de instrucción, el derogado art. 324 LECrim impedia de modo expreso al Ministerio Fiscal instar la practica de diligencias complementarias una vez agotado el plazo ordinario de la fase de instrucción, o de sus prórrogas, siempre que no se hubiera hecho uso de la facultad de instar la fijación de un plazo maximo.

Por el contrario, la nueva redacción del art. 324 LECrim no contiene prevision alguna acerca de las diligencias complementarias, circunstancia que permite concluir que su practica debera regirse ahora exclusivamente por las previsiones contenidas en el art. 780.2 LECrim.

En consecuencia, el nuevo sistema de plazos de la fase de investigación judicial deja ahora incó1ume la posibilidad de practicar diligencias complementarias con independencia de la expiración del plazo regulado por el art. 324 LECrim. La ubicación sistematica de los arts. 324 y 780.2 LECrim revela que mientras el primero circunscribe su ambito objetivo de aplicación a la fase de instrucción, pues se ubica en el Titulo IV del Libro II de la ley, el segundo precepto despliega su eficacia en la fase intermedia del procedimiento, hallando su regulación legal en el Capitulo IV del Titulo II del Libro IV LECrim.

De ahf que pueda afirmarse que las diligencias complementarias deban entenderse excluidas del ambito de aplicación del art. 324 LECrim, cuyo objeto se circunscribe a la regulación de aquellas diligencias cuya practica se desarrolle durante la fase de instrucción del procedimiento penal.

Por lo demas, del tenor literal del vigente art. 324 LECrim se infiere que no existen razones que justifiquen condicionar la practica de diligencias complementarias al agotamiento de los plazos de instrucción pues, no existiendo limitación alguna sobre dicho particular, debera reputarse plenamente aplicable el contenido del art. 780.2 LECrim, en cuya virtud el/la juez/a de instrucción debera practicar dichas diligencias cuando quien las solicita es el Ministerio Fiscal en tanto en cuanto «no es una parte mas: es el acusador publico, que ha de promover la acción de la justicia en delensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interes publico, procurando la satisfacción del interes social» (ATC 32/2009, de 27 de enero).

Tampoco existe inconveniente alguno en admitir que el Ministerio Fiscal, tras concluir la fase de instrucción y en ejecución de las facultades atribuidas por el art. 773.1 LECrim, pueda oficiar a la Policia Judicial -tal como ya previera la Circular de la FGE n° 5/2015- para que, bajo su exclusiva dirección, se practiquen aquellas diligencias que se estimen necesarias para su ulterior aportación a las diligencias judiciales.

El auxilio por la Policia Judicial en la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal viene asimismo reconocido por la jurisprudencia del Alto Tribunal, tal y como sefiala la STS 228/2015, de 21 de abril (FJ 1°):

Su regulación en el art. 773 de Ia Ley procesal, establece que corresponde al Ministerio Fiscal, dentro de su función de impu/so y simp/ificación del procedimiento, dar a la Policia Judicial instrucciones genera/es o particu/ares para el mas eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, «aportando Ios medias de prueba de que pueda disponer o so/icitando del Juez de Instrucción Ia practica de Ios mismos». De esta prevision es c/aro que el Fiscal para poder aportar esas pruebas ha de obtenerlas previamente y que para el/o ha de recurrir a a/gun mecanismo de averiguación y obtención de las mismas, mecanismo que no puede ser otro que su propia actividad o el auxi/io de la Policia Judicial que constituciona/mente -conforme al art. 12ó CE-, y Jegalmente -art. 4.4 MF- de el depende.

 Los plazos  regulados en el art. 324 LECrim tampoco resultan de aplicación a la excepcional posibilidad de suspender el juicio oral al objeto de practicar alguna sumaria instrucción suplementaria «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios» (art. 74ó.ó° LECrim), pues el ambito objetivo de aplicación de estos plazos  se circunscribe, tal y como ya se indicó, a las diligencias judiciales practicadas durante la fase de instrucción.

10.    La actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal ante procedimientos provisionalmente  sobreseidos

 La posible actuación extraprocesal del Ministerio Fiscal tras el archivo de las actuaciones judiciales ha suscitado escasa atención doctrinal y jurisprudencial, pese a tratarse de una via que pudiera resultar idónea a fin de obtener fuentes de prueba que permitan la ulterior reapertura y prosecución de aquellos procedimientos provisionalmente sobreseidos con arreglo al art. ó41 LECrim.

Al objeto de abordar tan relevante cuestión, conviene comenzar senalando que nuestro ordenamiento juridico ha admitido que la actuación extraprocesal del Ministerio Fiscal pueda desarrollarse tanto antes como despues de la incoación del procedimiento penal.

La actividad extraprocesal desarrollada al objeto de reabrir procedimientos provisionalmente sobreseidos con arreglo al art. ó41 LECrim no conculca el derecho a la presunción de inocencia cuando nuevos datos hasta entonces ignorados lo aconsejen o hagan preciso, es decir, cuando se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa ( vid. SSTS 190/1995, de 1ó de febrero; 944/1997, de 30 de junio; 974/2012, de 5 de diciembre; 338/2015, de 2 de junio), pues en ningun caso se alteran con ello las presunciones y reglas de tratamiento procesal inherentes a este derecho fundamental.

Asimismo, esa actividad extraprocesal tampoco compromete los derechos de delensa e igualdad de armas, pues se trata de una facultad que el ordenamiento juridico atribuye en identicos terminos a todas las partes, erigiendose el inicio de las sesiones del juicio oral como unico limite temporal para la aportación de elementos de prueba (v. gr. SSTC ó8/2001, de 17 de marzo; 30/2005, de 14 de febrero; 12/2011, de 28 de febrero; y SSTS 1ó3/2019, de 2ó de marzo; 211/2019, de 23 de abril).

Aunque resulte posible establecer ciertos paralelismos entre la actuación investigadora desarrollada por el/la juez/a durante la fase de instrucción y la desplegada por el Ministerio Fiscal durante la tramitación de sus diligencias de investigación, esta segunda se distingue claramente de la actividad judicial por su caracter extraprocesal. Como indica la STS 980/201ó, de 11 de enero de 2017, «[p]or mas flexibilidad que quiera atribuirse al heterodoxo modelo que rige en nuestro sistema, el acto procesal, por delinición, es de naturaleza jurisdiccional». De ahi, precisamente, que la incoación de las diligencias de investigación por el Ministerio Fiscal no goce de eficacia interruptiva de la prescripción del delito, tal y como recuerda la Circular de la FGE n° 4/2013, sobre las diligencias de investigación.

 Al margen de las facultades preprocesales, nuestro ordenamiento juridico ha admitido la posibilidad de que el Ministerio Fiscal pueda desarrollar actuaciones extraprocesales tras la incoación por el órgano judicial de un procedimiento penal. Posibilidad esta a la que ya aludia la Circular de la FGE n° 5/2015, sobre los plazos  maximos de la fase de instrucción, coma mecanismo a traves del cual paliar posibles delicits derivados de la finalización prematura de la investigación judicial a causa del transcurso de los plazos  del art. 324 LECrim.

Asimismo, la lnstrucción de la FGE n° 1/2008, sobre la dirección por el Ministerio Fiscal de las actuaciones de la poliefa judicial -que reproduce a su vez las consideraciones que sabre dicho particular se contienen en la Circular de la FGE n° 1/1989, sobre el procedimiento abreviado introducido por la Ley Organica 711988, de 28 de diciembre-, senala:

(...) la cesación de las diligencias de investigación plantea la cuestión de si el Fiscal, en curso un procedimiento judicial, puede o no practicar u ordenar a la Policia Judicial que practique a/gun genero de diligencia de investigación o aportación de fuentes de prueba. La respuesta a esta cuestión ha de ser que el Fiscal no podra iniciar una nueva investigación general sobre el hecho, pero sf proceder a la practica extrajudicial de diligencias concretas, puesto que de las propias Leyes, tanto las genera/es sobre las atribuciones del Fiscal, como las que regulan el procedimiento abreviado, se infiere ta/ facultad. L/egando a la conclusion de que es evidente que el Fiscal para poder aportar esas pruebas ha de obtener/as previamente y que para ello ha de recurrir a a/gun mecanismo de averiguación y obtención de las mismas, mecanismo que no puede ser otro que su propia actividad o el auxilio de la Po/icia Judicial, que constitucional y /egalmente de el depende.

 Los razonamientos anteriores son reiterados en la lnstrucción de la FGE n° 2/2008, sabre las funciones del Fiscal en la fase de instrucción, en los siguientes terminos:

Por ultimo, dentro de esos cometidos tendentes a lograr la agilización de la fase de instrucción podran /os Sres. Fiscales, en caso necesario, oficiar a la Policia Judicial para que se I/even a cabo diligencias concretas que se estimen necesarias para su ulterior aportación a las Diligencias Judiciales. Debe subrayarse que esta habilitación ha de entenderse referida a la practica de diligencias concretas, sin que en ningun caso pueda desembocarse en una investigación Fiscal para/eta a la instrucción judicial. Esta habilitación que la Ley confiere al Fiscal (vid. art. 773.1 LECrim y Circular 111989) habra de ser usada con prudencia, en casos debidamente justificados, pues facilmente pueden colegirse las disfunciones y duplicidades que un ma/ uso de la misma puede generar.

 Asimismo, la posibilidad de que el Ministerio Fiscal desarrolle actos de investigación extraprocesal durante la tramitación judicial del procedimiento, valiendose a tal efecto del auxilio de la Policia Judicial, ha sido recurrentemente reconocida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo con arreglo a los arts.

773.1 LECrim y 3.5 EOMF ( vid. SSTS 228/2013, de 22 de marzo; 228/2015, de 21 de abril; 317/201ó, de 15 de abril; 211/2019, de 23 de abril).

Por consiguiente, no concurre óbice procesal o sustantivo que impida al Ministerio  Fiscal  desarrollar  actuaciones  extraprocesales  mientras  el procedimiento se encuentre en estado de sobreseimiento provisional, al objeto de obtener concretas fuentes de prueba que sean idóneas para lograr la ulterior reapertura del procedimiento previamente archivado. En este sentido, la Circular de la FGE n° 1/1989, sobre el procedimiento abreviado introducido por la Ley Organica 711988, de 28 de diciembre, seiiala:

La conclusion de las diligencias previas por archivo o sobreseimiento (salvo que este sea el fibre del numero 2° del art. ó37), tambien autorizara al Fiscal el iniciar una investigación para obtener nuevos e/ementos de juicio que le permitan interesar la reapertura del procedimiento judicial. Hay que entender que al archivarse o sobreseerse el proceso cesa o se suspende su «existencia» como ta/ proceso en curso y con ello el impedimenta para la función investigadora del Fiscal. Esta puede ser de especial utilidad en los casos en que el Juez de lnstrucción acuerde el sobreseimiento del numero 2° del art. ó41, por entender que no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado por el Fiscal (art. 790.ó, parrafo 1°), en cuyo caso este ultimo podra abrir una investigación para obtener nuevos indicios o reforzar /os existentes, de modo que pueda solicitarse la reapertura del procedimiento con exito.

 Tai y come afirma la Circular de la FGE n° 1/1989, la prohibición de una concreta investigación subsidiaria a la judicial colocaria al Ministerio Fiscal en un injustificado piano de desigualdad frente al resto de partes procesales, a las que nuestra jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de desarrollar diligencias de modo extraprocesal a fin de recabar las fuentes de prueba que permitan la reapertura de los procedimientos sobreseidos.

En cualquier case, debe advertirse que la admisibilidad de la actuación extraprocesal del Ministerio Fiscal durante el estado de sobreseimiento provisional de las actuaciones se encuentra intimamente conectada con la propia naturaleza del sobreseimiento provisional, institute juridico que puede delinirse come el acto procesal por el que se produce la terminación anticipada o la suspension del procedimiento penal motivada por la imposibilidad de formular acusación y, por ello, de proceder a la apertura del juicio oral. La principal diferencia entre el sobreseimiento libre (art. ó37 LECrim) y el provisional (art. ó41 LECrim) radica en que mientras en el primer caso la finalización del procedimiento produce identicos efectos que la sentencia absolutoria, el sobreseimiento provisional solo conduce a la suspension por tiempo indeterminado del proceso, con el limite de la prescripción del delito.

Como senala la STC 40/1988, de 1O de marzo, en relación con el sobreseimiento provisional, «nada debe impedir una eventual y posible reapertura de las investigaciones sumariales si llegan a producirse nuevas pruebas demostrativas de la existencia del delito imputado y de la participación que determinadas personas pueden haber tenido en el, pues nada impone, fuera de los terminos de la prescripción del delito, una renuncia al ius puniendi del Estado y de la persecución de las actividades criminales». Todo ello, sin perjuicio de que, tal y como senala la STC 34/1983, de ó de mayo, «el auto de sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no puede juridicamente afectar a la presunción de inocencia».

Asimismo, debe recordarse al respecto la STC 3/2019, de 14 de enero (FJ 4°), cuando dispone:

En conclusion, en atencion a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal de Justicia de la Union Europea expuesta, el eventual efecto de cosa juzgada material de una decision de sobreseimiento no depende de la calificacion delinitiva o provisional del archivo -y, par tanto, de la imposibilidad abso/uta de la reapertura del procedimiento- sino de /as concretas circunstancias concurrentes en el caso y relativas a que (i) dicha decision haya sido adoptada una vez que se ha desarrol/ado un procedimiento penal al que el sujeto haya quedado sometido con la carga y gravosidad que ello implica; (ii) se hayan desarrollado par el organo encargado de la instrucción de ese procedimiento penal todas /as diligencias necesarias y razonables de investigacion para determinar el caracter delictivo del hecho y la concreta participacion de interesado en el mismo, y (iii) como consecuencia de la firmeza de dicha decision de archivo, la reapertura quede condicionada a la ponderacion de la aparicion de nuevos indicios relevantes sabre el caracter delictivo de/ hecho o de la participacion de/ interesado en el mismo.

 Del mismo modo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre este particular. Vease, a titulo de ejemplo, la STS 507/2020, de 14 de octubre (FJ 13ó°), cuando senala:

La reapertura del procedimiento una vez firme el auto de sobreseimiento provisional depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa (STS 7512014, de 11.2). [. ..]

La cuestion que puede p/antearse es la de decidir si el sobreseimiento provisional puede ser dejado sin efecto, una vez que la reso/ucion que Jo acuerde ha devenido firme y que requiere la reaperturacion de las diligencias.

Resulta patente que esa provisionalidad en el archivo de las diligencias puede plantear problemas de inseguridad jurfdica del afectado par la inicial investigacion, sabre quien planea la posibilidad de una reapertura. Esa limitacion de sus expectativas de seguridad aparece compensada par las exigencias de nuevos datos que permitan ser consideradas coma elementos no tenidos en cuenta anteriormente para la decision de sobreseer. No entenderlo asf podrf a suponer que la desidia o el error [de] una acusacion, par no valorar unos datos preexistentes, le permite su reconsideracion posterior para so/icitar, y adoptar, su reapertura, con lesion a la seguridad de/ investigado. Es par el/o que en la jurisprudencia hemos declarado que el sobreseimiento provisional permite la reapertura de/ procedimiento «cuando nuevos datos con posterioridad adquindos lo aconsejen o hagan precisos». Esto quiere decir que la reapertura del procedimiento una vez firme el auto de sobreseimiento provisional depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa.

Asf las cosas, siendo indiscutible que en los casos de sobreseimiento provisional procedera la reapertura de las actuaciones siempre que se obtengan nuevos datos o elementos que asi lo aconsejen ( vid. SSTS 94/2019, de 20 de febrero; 357/2019, de 10 de julio; 5óó/2019, de 20 de noviembre), la actividad extraprocesal resultara consustancial al instituto regulado por el art.ó41 LECrim, pues solo de ese modo resulta posible la obtención de nuevas fuentes de prueba a tal fin.

En delinitiva, corresponde al Ministerio Fiscal, en cuanto promotor de la acción de la justicia (art. 124 CE), tratar de subsanar los delicits probatorios que condujeron al sobreseimiento provisional de las actuaciones en aquellos casos en que ello resulte viable. No obstante, esta posibilidad en ningun caso podra ser utilizada como herramienta a traves de la que subvertir el modelo procesal diseiiado por el legislador en el que el/la juez/a de instrucción se erige en director de la investigación criminal. Por ello, la actividad investigadora del Ministerio Fiscal se limitara en estos casos a la realización de aquellas concretas diligencias cuya practica no tuvo lugar durante la fase de investigación judicial.

La anterior posibilidad que, como se ha visto, resulta plenamente amparada por nuestro ordenamiento jurfdico y por la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Fiscalfa General del Estado, se llevara a efecto por las/os Sras./Sres. Fiscales con la necesaria prudencia, debiendo solicitarse la reapertura del procedimiento judicial previamente sobresefdo cuando se llegue a conocimiento de revelaciones y/o nuevo material probatorio suficientes a tal fin y que no obrasen previamente en la causa, evitando asi que el sobreseimiento provisional transmute en una suerte de archivo delinitivo de las actuaciones contrario al tenor de la norma que lo regula y susceptible de consolidar espacios de impunidad que bien pueden ser resueltos por esta via.

11.      Actividad extraprocesal y plazos  procesales de la investigación judicial

 La naturaleza procesal de los plazos del art. 324 LECrim resulta relevante en orden a analizar la admisibilidad de la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal una vez agotados aquellos. Asimismo, determina que su ambito de aplicación aparezca necesariamente circunscrito a la actuación desarrollada por el/la juez/a de instrucción en el seno del procedimiento penal. Esta es la razón por la que en el cómputo de los plazos  del art. 324 LECrim no se toma en consideración la duración de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal o la actividad de investigación preprocesal desarrollada por la Policia Judicial. Y ello por tratarse de modalidades de investigación criminal claramente excluidas del ambito de aplicación del art. 324 LECrim. Ni la Ley 41/2015, de 5 de octubre, ni la Ley 2/2020, de 27 de julio, han reformado el art. 5 EOMF.

Asimismo, el vigente art. 324 LECrim ha sustituido la expresión «diligencias de instrucción» por la de «investigación judicial». De este modo se despeja cualquier posible controversia acerca del ambito objetivo y subjetivo de aplicación del precepto que debera circunscribirse a la investigación desarrollada por el/la juez/a durante la fase sumarial.

Pese a que una interpretación del derogado art. 324 LECrim ya permitfa alcanzar identica conclusion, la actual prevision que se contiene en el apartado primero del precepto -«[l]a investigación judicial se desarrollara en un plazo maxima de doce meses desde la incoación de la causa»- zanja cualquier controversia que pudiera suscitarse en torno al ambito objetivo y subjetivo de aplicación de la norma. Resulta evidente, por tanto, la inviabilidad de aplicar dichos plazos a la actuación extraprocesal que pudieran desarrollar las partes, incluido el Ministerio Fiscal, en tanto en cuanto carece de naturaleza procesal y se desarrolla al margen de la investigación judicial.

A mayor abundamiento, como ya indicaba la Circular de la FGE n° 1/1989, sobre el procedimiento abreviado introducido por la Ley Organica 711988, al archivarse o sobreseerse el proceso cesa o se suspende su existencia como tal proceso en curso. Es por ello que las diligencias practicadas a partir de aquel momenta no se hallaran sometidas a plazo procesal alguno en tanto en cuanto esa actividad investigadora no esta comprendida en el ambito objetivo y subjetivo de aplicacion del art. 324 LECrim.

Como se ha visto, el art. 324 LECrim tiene por objeto exclusivo regular el plazo durante el que resultara posible para el/la juez/a la practica de diligencias de investigacion durante la fase de instruccion, asi como las consecuencias asociadas a la infraccion de dicha prevision legal.

Por consiguiente, una vez reabierto un procedimiento sobreseido en el que se hubiesen agotado los plazos  de instruccion, si bien el organo judicial no podra practicar diligencia de investigacion alguna derivada de los nuevos elementos de prueba recabados, no se aprecia obstaculo para dictar, cuando asi proceda, el oportuno auto de acomodacion a los tramites del procedimiento abreviado o, en su caso, un nuevo auto de conclusion de sumario.

Mientras que la peticion de reapertura procedimental debera dirigirse al juez de instruccion en caso de unas diligencias previas provisionalmente sobreseidas, la misma solicitud debera realizarse al tribunal que haya acordado el sobreseimiento provisional de un procedimiento ordinario. En este segundo supuesto, la peticion de reapertura dirigida al tribunal debera contener, ademas de las diligencias que la fundamenten, la solicitud de revocacion del auto de conclusion de sumario y la devolucion del procedimiento al correspondiente juez de instruccion (art. ó31 LECrim).

Debe apostillarse, como senala la STC ó3/2005, de 14 de noviembre (en similares terminos vid. SSTC 37/2012, de 19 de noviembre; 152/2012, de 9 de septiembre; 109/2013, de ó de mayo; 81/2014, de 28 de mayo; ó3/2015, de 13 de abril), que no existe otro Hmite temporal para el ejercicio del ius puniendi que el resultante de la aplicacion del instituto de la prescripcion del delito (art. 130 CP), de suerte que, en caso de acordarse el sobreseimiento provisional y en tanto no transcurra el plazo de prescripcion, siempre sera admisible la reapertura  de  las  actuaciones  cuando  nuevos  datos  adquiridos  conposterioridad lo aconsejen o hagan precise, es decir, si se aportasen nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa. Ello no compromete el derecho a la presunción de inocencia de la persona investigada, pues la aceptación del argumento contrario equivaldrfa a declarar que quien es investigado sin exito adquiere un derecho intemporal de sobreseimiento libre e indelinido que le confiere inmunidad frente a cualesquiera investigaciones posteriores ( vid. STS 795/201ó, de 25 de octubre).

Un Estado democratico de Derecho no puede ni debe mantener la amenaza penal sine die sobre un sujeto sometido a investigación. Ahora bien, la fijación de unos plazos para la investigación judicial en el modelo procesal vigente no puede operar a modo de prescripción encubierta que impida a las partes desarrollar diligencias de manera extraprocesal. Conclusion que, ademas, parece clara a la vista de la inexistencia de un limite maximo de duración de la investigación judicial en la redacción ofrecida al art. 324 LECrim por la Ley 212020 , de 27 de julio.

Negar la admisibilidad de la actividad extraprocesal de todas las partes y de la Policfa Judicial una vez expirado el plazo del art. 324 LECrim atenta contra la propia naturaleza del sobreseimiento provisional, lo equipara injustificadamente a la figura del sobreseimiento libre y conduce de facto a la anulación encubierta del art. ó41 LECrim, identificanda, en claro fraude de ley, el agotamiento de las plazos procesales del art. 324 LECrim con el transcurso de los plazos de prescripción. En consecuencia, comoquiera que el/la juez/a de instrucción no puede continuar desarrollando su función una vez agotados los plazos  del art. 324 LECrim, resulta evidente que la (mica investigación posible sera la que se practique extra processum.

 Par tada ello, las/as Sras./es. Fiscales padran practicar actividad extrapracesal en los estrictos terminos expuestos en el epigrafe anterior, a fin de recabar elementos o fuentes de prueba que permitan la reapertura de aquellos procedimientos sabreseidas camo consecuencia de la expiración de los plazos regulados par el art. 324 LECrim, pudiendo auxiliarse a tal efecto de las unidades de Policia Judicial.

En estos casos, las/as Sras./es. Fiscales deberan documentar la actividad desarrollada y el resultado de las concretas actuaciones practicadas en el marco de las diligencias de investigación que habran de incoarse al efecto, procediendo a su integra aportación ante el órgano judicial competente cuando lo practicado resulte relevante para la investigación o para la persona investigada, sea favorable o adverse. En todo caso, su practica debera acomodarse a lo previsto en las arts. 5 EOMF y 773 LECrim en aquello que resulte de aplicación.

Al aportar el resultado de las diligencias extraprocesales practicadas, las/as Sras./es. Fiscales deberan solicitar al órgano judicial la reapertura del procedimiento y la adopción de la resolución que a su juicio proceda: bien el dictado del auto de acomodación a las tramites del procedimiento abreviado o la revocación del auto de conclusion de sumario, bien el dictado de auto de sobreseimiento libre o el mantenimiento de la situación de sobreseimiento provisional. En todo caso, velaran par que el/la juez/a confiera traslado del material probatorio recabado a las distintas partes personadas en el procedimiento. Toda ello sin perjuicio de interesar, en su caso, la practica de la declaración de la persona investigada coma se ha senalado supra.

 

  1. Regimen transitorio aplicable a las causas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma

 La disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, senala:

La modificación de/ articulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el articu/o unico sera de aplicación a Jos procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente Ley. A ta/ efecto, el dia de entrada en vigor sera considerado como dia inicial para el cómputo de /os plazos  maximos de instrucción establecidos en aquel.

 Conforme al tenor literal de la disposición anterior, el cómputo de los plazos  de la fase de investigación judicial debe entenderse reiniciado respecto de todas las causas en tramitación, configurandose como nuevo dies a quo para su cómputo el de la entrada en vigor de la Ley -29 de julio de 2020- y, como nuevo plazo a computar, el de los doce meses previstos con caracter general por el art. 324.1 LECrim ( v. gr. AAP Pontevedra num. ó02/2020, de 20 de noviembre).

El regimen transitorio aprobado por el legislador resulta coherente con el espiritu que informa la nueva redacción del precepto. Asi, no debe olvidarse que la reforma del art. 324 LECrim, operada por Ley 2/2020, de 27 de julio, conduce a la derogación de un limite maxima de duración de la fase de instrucción, cuyas posibilidades de ampliación se hallan ahora unicamente sometidas a la consecución de los fines de la instrucción descritos por el art. 299 LECrim. De ahi que para garantizar la seguridad juridica en el cómputo de los nuevos plazos  el legislador haya optado por reiniciar el de todas las causas.

La expresión «procesos en tramitación» empleada por el legislador en la disposición transitoria permite entender que, ademas de a los procedimientos que se encuentren en fase de instrucción, la nueva redacción del art. 324 LECrim sera de aplicación a aquellos otros en los que aquella fase ya hubiera concluido. De este modo, el nuevo tenor de la norma adquiere virtualidad para el caso de producirse la revocación del auto de procedimiento abreviado o del auto de conclusion de sumario. En tales supuestos el procedimiento volvera a encontrarse en tramite de instrucción y resultara procedente, por tanto, el reinicio del cómputo de los plazos  de la fase sumarial.

Asimismo, el nuevo art. 324 LECrim sera de aplicación a la posibilidad de practicar las diligencias complementarias del art. 780.2 LECrim cuando a la entrada en vigor de la norma el procedimiento se hallase en fase intermedia.

En cuanto a la retroactividad de las normas procesales debe recordarse el principio general tempus regit actum. Este principio determina que las normas procesales son aplicables a todos los procedimientos en curso desde el momenta de su entrada en vigor. En este sentido, la STC ó3/1982, de 20 de octubre (FJ 3°), dispone:

La incidencia que el art. 24 CE tiene sabre las normas procesales obliga a darle el tratamiento que es propio de estas a la hora de resolver sabre su eficacia en el tiempo, y segun la doctrina practicamente unanime, las normas procesales tienen efecto inmediato, son aplicables a todos los procesos en curso en el momenta de su entrada en vigor.

 Esta regla procesal, utilizada por el legislador en la disposición transitoria analizada, resulta coherente con la opción asumida por el RDL 1ó/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ambito de la Administración de Justicia, cuyo art. 2 dispuso que «[l]os terminos y plazos  previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 4ó3/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volveran a computarse desde su inicio».

  1. Clausula derogatoria

La presente Circular deroga la Circular de la FGE n° 5/2015, de 13 de noviembre, sobre los plazos maximos de la fase de instrucción.

  1. Conclusiones

 1a. El art. 324 LECrim no desarrolla el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones  indebidas proclamado par el art. 24.2 CE; de ahi que el incumplimiento de los plazos  de la investigación judicial no comporte automaticamente lesion de aquel derecho fundamental. La calificación como indebida de una dilación aparece condicionada a la diligencia en la tramitación de las actuaciones y no al mero transcurso de las plazos  legales.

2a. Los plazos  del art. 324 LECrim aparecen configurados coma plazos  procesales cuyo vencimiento no provoca la caducidad de la instancia o de la acción penal ni produce efecto material alguno.

3a, Los plazos  regulados par el nuevo art. 324 LECrim son plazos  judiciales en tanto en cuanto su ampliación no aparece condicionada a la actuación de las partes del procedimiento.

4a, La nueva redacción del art. 324 LECrim establece un unico plazo de doce meses de duración para la investigación judicial, prorrogable por sucesivos e ilimitados plazos  de hasta seis meses, sin otro llmite que el necesario para la consecución de los fines de la instrucción.

  1. El unico presupuesto exigido para prorrogar la investigación es que por el órgano judicial se constate motivadamente la imposibilidad de su finalización

como consecuencia de la necesidad de practicar nuevas diligencias.

  1. La regulación actual atribuye al órgano instructor el control de los plazos de

la investigación en el seno del proceso penal. El órgano judicial ostenta la facultad de decretar de oficio mediante auto la prórroga de las plazos  de la investigación.

1a. Los plazos  del art. 324 LECrim son de exclusiva aplicación a las causas tramitadas coma procedimiento ordinario y diligencias previas del procedimiento abreviado. Por consiguiente, quedan excluidos del ambito objetivo de aplicación del precepto los procedimientos ante el Tribunal del

Jurado, para el enjuiciamiento rapido de determinados delitos, por aceptación de decreto y para el juicio sabre delitos leves.

  1. El art. 324 LECrim establece la fecha de incoación de las actuaciones coma dies a quo para el cómputo de los plazos .

En caso de conversion de un procedimiento ante el Tribunal del Jurado en procedimiento ordinario o de diligencias previas, el dies a quo debera computarse desde la fecha de incoación de estos ultimas.

En caso de inhibiciones, el dies a quo vendra determinado por la fecha del primer auto de incoación que se dicte.

En caso de acumulaciones, el auto de incoación de las ultimas diligencias marcara el inicio del cómputo de los plazos  del art. 324 LECrim.

Las/os Sras./es. Fiscales procuraran que la actuación judicial instructora no quede suspendida de modo indelinido a la espera de que se resuelvan los posibles conflictos de competencia que puedan suscitarse, promoviendo ante el órgano judicial que hubiera planteado la inhibición el diligente desarrollo de la investigación con arreglo al art. 25 LECrim e incluso, para el caso de estimarse oportuno, la prórroga de la fase de investigación.

  1. Las/os Sras./es. Fiscales velaran por que la resolución motivada que decrete la ampliación de la investigación judicial sea dictada antes de la

expiración del plazo legal previsto por el art. 324 LECrim, previa audiencia a las distintas partes personadas en el procedimiento.

103• Las/os Sras./es. Fiscales interpondran aquellos recursos que estimen procedentes frente a las resoluciones por las que se acuerde o deniegue la ampliación de la fase de investigación judicial de conformidad con el regimen general en materia de recursos (arts. 21ó y ss. y 7óó LECrim).

113• El nuevo art. 324 LECrim no preve supuesto alguno de interrupción de los plazos. No obstante, la suspension de su cómputo tendra lugar durante el periodo en que el procedimiento se encuentre sobreseido provisionalmente.

En caso de reapertura de un procedimiento provisionalmente sobreseido se reanudara el plazo que reste de la investigación judicial, debiendo computarse a efectos del art. 324.1 LECrim el tiempo transcurrido entre el auto de incoación y el de sobreseimiento provisional.

123 El periodo de tiempo durante el que las actuaciones se encuentren declaradas secretas sera computado con arreglo al nuevo art. 324 LECrim.

En caso de encontrarse secretas las actuaciones al momento de expirar los plazos, las/os Sras./es. Fiscales velaran por que el órgano judicial conceda audiencia unicamente al Ministerio Fiscal.

133 Seran validas todas las diligencias acordadas antes del vencimiento del plazo de la investigación judicial, sin perjuicio de que se practiquen o reciban una vez agotado el mismo, bien se trate de una declaración testifical, un informe pericial o un documento con valor probatorio.

143 Careceran de validez las diligencias cuya practica hubiera sido acordada por la autoridad judicial de modo extemporaneo, aunque hubiesen sido solicitadas en plazo por cualquiera de las partes.

lgualmente, careceran de validez aquellas diligencias que hubieran sido acordadas tras resultar prorrogados los plazos de la investigación, cuando la resolución por la que se acordó la prórroga resultare revocada.

Las diligencias practicadas de aquel modo en ningun caso mereceran ser consideradas ilicitas sino irregulares, pues el mero incumplimiento del plazo procesal regulado por el art. 324 LECrim no permite apreciar vulneración alguna de derechos y libertades fundamentales.

Tales diligencias no podran valorarse al objeto de resolver la transición a la fase intermedia del procedimiento ni introducirse en el acto de juicio oral por la via de los arts. 714 y 730 LECrim. Sin embargo, nada impedira que las/os Sras./es. Fiscales puedan proponer que en el acto de juicio oral sean practicadas aquellas pruebas que se estimen pertinentes y utiles, aun cuando las mismas guarden conexión con las diligencias reputadas no validas por haber sido practicadas con infracción de los plazos  del art. 324 LECrim.

158 Las/os Sras./es. Fiscales velaran por que la autoridad judicial acuerde la practica de la declaración de investigado/a o, en su caso, la declaración indagatoria con anterioridad a la expiración de los plazos  de la investigación.

En aquellos casos en que hubiere expirado el plazo, las/os Sras./es. Fiscales deberan sostener que la declaración de la persona investigada resulta admisible y plenamente valida, atendida su condición de garantia procesal.

1ó8• El nuevo art. 324 LECrim permite practicar las diligencias complementarias del art. 780.2 LECrim en aquellos casos en que el plazo de la investigación ya se hubiere agotado al momenta de concluir la instrucción.

178 Los plazos  del art. 324 LECrim no resultan de aplicación a las diligencias cuya practica haya sido decretada por el órgano de enjuiciamiento durante la fase de juicio oral con arreglo al art. 74ó.ó° LECrim, al objeto de desarrollar una sumaria instrucción suplementaria.

188Las/os Sras./es. Fiscales pueden practicar actividad de investigación extraprocesal a fin de recabar elementos o fuentes de prueba que permitanlograr la reapertura de los procedimientos sobreseidos una vez expirados los plazos del art. 324 LECrim.

La actividad investigadora del Ministerio Fiscal se limitara en estos casos a la tramitación de aquellas concretas diligencias cuya practica no tuvo lugar durante la fase de investigación judicial. La anterior posibilidad se llevan3. a efecto por las/os Sras./Sres. Fiscales con la necesaria prudencia, debiendo solicitarse la reapertura del procedimiento judicial previamente sobreseido cuando se llegue a conocimiento de revelaciones y/o nuevo material probatorio suficientes a tal fin y que no obrasen previamente en la causa.

En tales supuestos, las/os Sras./es. Fiscales deberan documentar la actividad desarrollada y el resultado de las concretas actuaciones practicadas en el marco de las diligencias de investigación que habran de incoarse al efecto. lgualmente, procederan a su integra aportación ante el órgano judicial competente cuando lo practicado resulte relevante para la investigación o para la persona investigada, sea favorable o adverse.

Al memento de aportar el resultado de aquellas diligencias, las/os Sras./es. Fiscales solicitaran del órgano judicial la adopción de la resolución que a su juicio proceda, interesando bien la reapertura del procedimiento con el consiguiente dictado del auto de acomodación a los tramites del procedimiento abreviado o petición de revocación del auto de conclusion de sumario, bien el dictado de auto de sobreseimiento libre o el mantenimiento de la situación de sobreseimiento provisional.

193• Conforme a la disposición transitoria de la Ley 2/2020, de 27 de julio, el cómputo de los plazos regulados por el art. 324 LECrim debe entenderse reiniciado respecto de todas las causas en tramitación, configurandose la fecha de entrada en vigor de la Ley -29 de julio de 2020- como nuevo dies a quo de la totalidad de los procedimientos en curso, y como nuevo plazo a computar el de los doce meses previstos con caracter general por el citado precepto.

La expresión «procesos en tramitación» permite extender la aplicación del nuevo precepto, ademas de a las procedimientos que se encuentren en fase de instrucción, a las supuestos en que tenga lugar la revocación del auto de procedimiento abreviado o del auto de conclusion de sumario, asf coma a la posibilidad de practicar diligencias complementarias en aquellos procedimientos que se encuentren en fase intermedia.

En razón de todo lo expuesto , con el propósito de adoptar un criteria uniforme en la interpretación del nuevo art. 324 LECrim, las/as Sras./es . Fiscales se atendran en lo sucesivo a las prescripciones de la presente Circular.

Madrid, a 8 de abril de 2021

LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMAS./OS. E ILMAS./OS. SRAS./ES. FISCALES DE SALA, FISCALES SUPERIORES, FISCALES JEFES PROVINCIALES Y DE AREA

 

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